- Reconocimiento y protección de la función social de la Familia en la transmisión de valores y conocimientos, y en la asistencia a sus miembros en situación de especial vulnerabilidad: menores, ancianos, discapacitados y dependientes.

- Garantizar estabilidad y seguridad jurídicas a las instituciones de convivencia familiar, articulando el “interés familiar” como criterio de interpretación de todo el ordenamiento jurídico.

- Principio de “mínima intervención pública” en las relaciones familiares: Desjudicialización y pacificación de las relaciones de Familia, mediante el reconocimiento del valor jurídico de los convenios privados de regulación de las modalidades de convivencia familiar y de sus crisis, y de los mecanismos extrajudiciales de mediación. Restricción de los supuestos de criminalización de las relaciones familiares.

- Reconocimiento de la igualdad jurídica de los miembros de la pareja tanto en la convivencia familiar como en la solución de sus crisis, en los ámbitos económico-patrimoniales y especialmente, en el ejercicio de las funciones conyugales y parentales.